POR ANA MARÍA GÓMEZ *

OPINIÓN

 

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La crisis del PAMI dejó de ser una amenaza para convertirse en una realidad que golpea directamente a las personas mayores. En cuatro provincias —Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut— se llegó a la suspensión de la atención a afiliados, mientras los hospitales públicos deben absorber una demanda que la obra social debería garantizar.

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En Entre Ríos tampoco estamos al margen. PAMI mantiene una deuda millonaria con hospitales públicos y centros de salud por prestaciones ya realizadas a jubilados entrerrianos. Mientras tanto, quienes durante décadas aportamos para tener una vejez digna vemos cómo se deterioran las prestaciones, se restringen medicamentos y cada vez resulta más difícil acceder a una atención adecuada.

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Esto no es solamente un problema administrativo. Es el resultado de una política.

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PAMI fue durante años una herramienta fundamental para millones de personas mayores. Tuvimos medicamentos gratuitos, prestaciones de salud, beneficios y distintas coberturas que permitían atravesar la vejez con mayor dignidad. Hoy muchas de esas conquistas fueron recortadas o dificultadas. Pasamos de tener derechos y prestaciones a tener que reclamar por aquello que antes estaba garantizado.

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Todo esto se hace en nombre del famoso “equilibrio fiscal” y de un superávit que podrá mostrar números en una planilla, pero que no se refleja en la mesa de los jubilados. Porque mientras se habla de superávit, el pueblo pasa hambre, posterga tratamientos, deja de comprar medicamentos y debe elegir entre comer o atender su salud.

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¿De qué sirve un equilibrio fiscal si se consigue a costa de quienes trabajaron toda una vida?

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El Gobierno nacional de Javier Milei ha elegido ajustar sobre los sectores más vulnerables. Y cuando esos sectores reclaman, la respuesta no es el diálogo: es la represión. Cada miércoles, frente al Congreso, jubilados y jubiladas son golpeados, gaseados, maltratados y, en algunos casos, terminan en hospitales. Personas mayores que salen a reclamar por sus derechos son tratadas como si fueran un problema.

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Les quitan derechos y después los reprimen cuando reclaman por esos mismos derechos.

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Pero los jubilados no somos el único blanco. Trabajadores despedidos, personas con discapacidad, docentes, estudiantes, profesionales de la salud, organizaciones sociales y familias enteras sufren las consecuencias de este modelo. En Gualeguaychú lo vemos todos los días: trabajadores que pierden sus empleos, familias que padecen salarios adeudados y sectores productivos que se deterioran. Lo que le sucede a uno termina afectándonos a todos.

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Por eso desde la Asamblea de Jubilados de Plaza San Martín de Gualeguaychú entendemos que nuestras luchas están profundamente conectadas. Acompañamos a los trabajadores despedidos, a quienes reclaman salarios adeudados, a las personas con discapacidad y a todos aquellos que defienden el derecho a vivir dignamente.

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Porque todos somos trabajadores y trabajadoras, y porque la solidaridad no puede ser solamente una palabra cuando el pueblo está siendo golpeado.

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También señalamos las responsabilidades de nuestra provincia y nuestra ciudad. Rogelio Frigerio y Mauricio Davico acompañan y defienden las políticas del Gobierno nacional y aplican, en sus respectivos ámbitos, la misma lógica de ajuste. No son espectadores de lo que ocurre: desde nuestra perspectiva, son parte de un modelo que prioriza el recorte sobre los derechos y que deja cada vez a más personas en situación de desprotección.

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Gobernar también significa decidir qué se prioriza. Y nosotros creemos que las prioridades deberían ser claras: salud, trabajo, educación, jubilaciones dignas, medicamentos, discapacidad y derechos sociales.

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Por eso también fuimos a reclamar afuera de la sede de PAMI Gualeguaychú. Fuimos a pedir respuestas, explicaciones y que alguien nos escuchara. Pero nadie salió a hablar con nosotros. Nadie dio la cara. Nadie explicó por qué quienes aportamos durante toda una vida tenemos cada vez más dificultades para acceder a las prestaciones que nos corresponden.

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Y lo vamos a seguir haciendo cuantas veces sea necesario.

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Porque hay algo que el Gobierno nacional, provincial y municipal parece no entender: sí, somos viejos, pero tenemos muchas luchas sobre nuestras espaldas. Tenemos memoria, experiencia y sabemos perfectamente cómo y dónde defender nuestros derechos. No llegamos hasta acá para quedarnos en silencio.

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Hay una fecha que nos obliga a mirar esta realidad con mayor atención. El 28 de agosto de 1948, Eva Perón proclamó el Decálogo de los Derechos de la Ancianidad. Aquello significó un verdadero cambio de paradigma. La vejez dejó de ser concebida desde la beneficencia, la compasión o el abandono y comenzó a ser reconocida desde una perspectiva de derechos.

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Asistencia, vivienda, alimentación, salud, trabajo, tranquilidad y respeto dejaron de ser favores. Se transformaron en derechos.

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Argentina fue pionera en ese reconocimiento. Décadas después, ese camino tendría continuidad en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que reconoce nuestro derecho a una vida digna, a la salud, a la seguridad social, a la participación y a vivir libres de violencia, discriminación y maltrato.

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Por eso resulta tan doloroso que casi ocho décadas después tengamos que volver a salir a la calle para reclamar aquello que ya estaba reconocido como un derecho.

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No somos descartables.

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Somos quienes trabajamos, aportamos y construimos este país. Somos quienes levantamos fábricas, escuelas, hospitales, caminos, barrios y ciudades. No aceptamos que después de toda una vida de trabajo se pretenda convencernos de que somos un gasto que debe reducirse.

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La dignidad no tiene fecha de vencimiento.

Y nuestra Asamblea es una demostración concreta de ello. Este miércoles llegamos a nuestra 57.ª Asamblea de Jubilados, en Plaza San Martín, a las 16 horas, en el Monumento Central. Allí nos encontramos para informarnos, debatir, compartir experiencias, acompañar otras luchas y organizarnos.

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Invitamos a jubilados y jubiladas, trabajadores, familiares, jóvenes, estudiantes, organizaciones y a toda la comunidad a acercarse.

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Porque frente al ajuste respondemos con organización.
Frente al abandono, con solidaridad.
Frente al saqueo, con unidad.
Y frente a la represión, con más calle.

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Nos quieren resignados. Nos encontrarán organizados.

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No somos viejos para luchar. Tenemos historia, tenemos memoria, tenemos muchas luchas sobre nuestras espaldas y sabemos cómo defender nuestros derechos.

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Después de 57 asambleas, seguimos de pie. Y vamos a seguir luchando por una vejez digna, no por sobrevivir.