La Reforma Previsional quedó convertida en ley este miércoles luego de que la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobara el proyecto denominado «Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional», impulsado por el Poder Ejecutivo.
Tras una extensa sesión, la iniciativa obtuvo 18 votos afirmativos, 12 negativos y tres ausencias, lo que permitió su sanción definitiva luego de contar previamente con media sanción del Senado.
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La votación reflejó el respaldo mayoritario del oficialismo de Juntos por Entre Ríos, acompañado por parte de La Libertad Avanza y el Partido Conservador Popular. En contrapartida, el bloque Unión por la Patria-Más para Entre Ríos votó de manera unificada en rechazo, al igual que un legislador libertario.
Los votos a favor de la reforma
Los 18 votos a favor correspondieron a Lénico Aranda, Mariana Bentos, Silvio Gallay, Carola Laner, Gabriela Lena, Marcelo López, Jorge Maier, Susana Pérez, Fabián Rogel, María Elena Romero, Juan Rossi, Bruno Sarubi, Carolina Streitenberger, María Noelia Taborda y Érica Vilma Vázquez, todos de Juntos por Entre Ríos. También respaldaron la iniciativa Roque Fleitas y Débora Todoni, de La Libertad Avanza, y Liliana Salinas, del Partido Conservador Popular.
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Los votos en contra
En tanto, los 12 votos en contra fueron de Lorena Arrozogaray, Mariel Ávila, Juan José Bahillo, Sergio Castrillón, Enrique Cresto, Silvina Deccó, José María Kramer, Silvia Moreno, Yari Seyler, Laura Stratta y Andrea Zoff, integrantes de Unión por la Patria-Más para Entre Ríos, además de Carlos Damasco, de La Libertad Entre Ríos, quien se diferenció del resto de los legisladores libertarios.
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Los diputados ausentes
La sesión también registró la ausencia de Rubén Rastelli y Mauro Godein, ambos de Juntos por Entre Ríos, y de Julia Calleros, del Partido Fe y Libertad.
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Con este resultado, la provincia avanzó en una de las reformas más trascendentes de los últimos años para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, en medio de un fuerte debate político y del rechazo expresado por organizaciones sindicales, que ya anticiparon acciones judiciales para cuestionar la constitucionalidad de la norma.
(Con información de Elonce)
