Desde este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en Argentina el nuevo régimen penal juvenil, que reemplaza la normativa vigente desde 1980 y establece que los adolescentes podrán ser imputados penalmente desde los 14 años. La reforma modifica además el esquema de sanciones, el encierro y las medidas de seguimiento.

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Hasta ahora, los menores de 16 años eran considerados inimputables. Con el nuevo marco, quienes tengan entre 14 y 17 años y cometan delitos previstos en el Código Penal podrán ser sometidos a un proceso judicial, aunque dentro de un sistema específico para adolescentes.

 

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La legislación establece que las respuestas judiciales deberán contemplar no sólo la responsabilidad por el hecho cometido, sino también objetivos educativos, de resocialización y de integración social.

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Cómo serán las penas

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Uno de los cambios centrales del régimen penal juvenil es la prohibición de aplicar prisión o reclusión perpetua a personas menores de 18 años. El límite máximo para una pena privativa de la libertad será de 15 años.

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También se contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos dos tercios de la condena, siempre que se reúnan las condiciones previstas para obtener ese beneficio.

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La nueva normativa aclara, además, que la comisión de un delito no derivará automáticamente en el encierro del adolescente. Dependiendo del caso, los jueces podrán disponer respuestas diferentes a la privación de la libertad.

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Medidas alternativas y monitoreo

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Entre esas opciones aparecen la reparación del daño causado, restricciones de acercamiento, reglas de conducta y la participación obligatoria en actividades educativas o comunitarias. También podrá aplicarse una amonestación formal acompañada de otras condiciones.

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La reforma incorpora además el monitoreo electrónico para adolescentes. El mecanismo podrá utilizarse tanto para controlar determinadas sanciones como dentro de otras medidas dispuestas durante el proceso.

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Cuando corresponda una privación de la libertad, los jóvenes deberán ser alojados en establecimientos especialmente acondicionados y con personal especializado. El régimen penal juvenil prohíbe expresamente que compartan lugares de detención con personas adultas.

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Cómo será el alojamiento de los adolescentes

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La normativa contempla distintas modalidades, desde institutos de régimen abierto hasta centros especializados de detención y, en determinados casos, arresto domiciliario. La alternativa elegida dependerá de las circunstancias y de la resolución judicial.

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También continuará vigente la protección de la identidad de los adolescentes sometidos a proceso. No podrán difundirse nombres, apodos, domicilios, imágenes, datos familiares u otra información que permita identificarlos.

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La reforma otorga además una mayor participación a las víctimas, que podrán recibir información sobre el avance de las actuaciones e intervenir en el proceso dentro de los alcances establecidos por la ley. También se contempla la responsabilidad civil de los padres por los daños derivados de los hechos atribuidos a sus hijos.

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Las dudas sobre la implementación

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La puesta en marcha del nuevo sistema abre interrogantes sobre la capacidad de los juzgados y organismos especializados para recibir un mayor número de causas. Entre los puntos señalados aparecen la disponibilidad de personal, establecimientos adecuados, dispositivos electrónicos y equipos encargados del acompañamiento de los adolescentes.

 

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También deberán coordinarse las disposiciones nacionales con los sistemas procesales de cada provincia. Algunas jurisdicciones ya comenzaron a elaborar protocolos y mecanismos de adaptación para aplicar las nuevas reglas.

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Para implementar el régimen penal juvenil, el Congreso asignó una partida de $23.739.155.303,08. Mientras comienza su aplicación, continuarán las tareas de coordinación entre el Poder Judicial, los ministerios públicos y las distintas jurisdicciones para definir criterios operativos.