En una tensa jornada en la Cámara de Diputados, el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, presentó cifras sobre suicidios que ubican a la provincia por encima de la media nacional, mientras la oposición denunció el colapso de los centros de salud y cuestionó la eficacia de las herramientas digitales implementadas para abordar la problemática.
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Ante la situación crítica en materia de salud mental y las elevadas estadísticas de suicidios en Entre Ríos, el pasado 8 de abril la Cámara de Diputados aprobó la interpelación al ministro para que brindara un informe sobre estadísticas, políticas de prevención y recursos presupuestarios destinados al abordaje de esta problemática en el territorio provincial. La exposición se concretó este martes por la mañana.
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Si bien el funcionario buscó destacar la jerarquización del área y la incorporación de nuevas tecnologías, se encontró con fuertes cuestionamientos de la oposición, que puso en duda la vigencia de sus diagnósticos y advirtió sobre la falta de inversión real en profesionales de planta.
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Entre los presentes en los palcos estuvieron el secretario de Derechos Humanos de ATE, Matías Passi, y la presidenta de la Fundación Crescer e integrante de la Mesa por la Salud Mental, Sandra Cislaghi.
Cifras alarmantes y cuestionamientos por la actualización de datos
Blanzaco reveló que la tasa de suicidios en Entre Ríos alcanzó los 13,5 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio nacional de 7,3. Sin embargo, gran parte de su diagnóstico se apoyó en datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) correspondientes a 2024, lo que motivó las primeras críticas opositoras.
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La diputada Silvina Decco (PJ) cuestionó la actualidad de la información presentada: “Estamos cursando el año 2026 y el ministro suministra datos que datan de 2024. La situación se acrecentó en varios departamentos y necesitamos políticas territoriales basadas en el hoy, no en el ayer”.
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Los departamentos de Colón, Federal, Victoria y Uruguay fueron señalados como las zonas de mayor riesgo. Además, se informó que el 75% de los intentos de suicidio detectados corresponden a jóvenes de entre 15 y 29 años.
Presupuesto y recursos en debate
Uno de los principales focos de tensión estuvo puesto en la asignación presupuestaria. Blanzaco sostuvo que el 8,4% del presupuesto total del Ministerio de Salud se destina al área de salud mental, lo que representa unos 60 mil millones de pesos. No obstante, reconoció que el 90% de esos fondos se utiliza para el pago de salarios, dejando escaso margen para infraestructura o programas de prevención.
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Desde la oposición señalaron que la estrategia de derivación a centros de atención primaria no alcanza para dar respuesta a la demanda actual. “Los centros de salud están colapsados y muchos hospitales no cuentan con un solo psiquiatra. Sin recursos, ¿cómo van a cubrir la demanda?”, cuestionó Decco, quien además puso en duda la utilidad del asistente virtual ORI frente a situaciones críticas.
Déficit de especialistas en el interior
El ministro reconoció la existencia de una brecha importante en las regiones sanitarias 3 y 4 y admitió que el sistema público enfrenta dificultades para atraer profesionales al interior de la provincia.
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“Muchos de los casos de intentos de suicidio en San José o Colón fueron de personas que ni siquiera habían tenido contacto previo con el sistema de salud o la línea 135”, sostuvo Blanzaco, al referirse a la complejidad social del fenómeno, aunque sus declaraciones fueron interpretadas por la oposición como una muestra de la incapacidad estatal para intervenir a tiempo.
Reclamos por la falta de presencia territorial
La diputada Laura Stratta (PJ) cuestionó la efectividad real de las políticas públicas implementadas y advirtió que las capacitaciones no son suficientes sin una red de contención activa en el territorio. “Una cosa es lo que figura en las diapositivas y otra es lo que viven las familias en los pueblos del interior, donde la respuesta del Estado llega tarde o simplemente no llega”, afirmó.
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En la misma línea, el diputado Enrique Cresto (PJ) vinculó la problemática con el aislamiento que sufren muchas comunidades rurales. “Usted habla de deporte y clubes como espacios de contención, pero hoy tenemos jóvenes que no pueden siquiera llegar a la escuela o al club por la falta de recursos y el abandono de las rutas. El suicidio no es un dato aislado de la crisis económica que atraviesa la provincia”, expresó.
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Cuestionamientos a la precarización laboral y al uso de tecnología
El diputado Juan José Bahillo (PJ) puso el foco en la precarización laboral de los profesionales de salud mental y reclamó mayor estabilidad para el personal. “El 90% del presupuesto se va en sueldos, pero cuando recorremos los hospitales de la Costa del Uruguay, vemos que los profesionales están por módulos o contratos precarios. No se puede hacer política de prevención con psicólogos que no saben si el mes que viene siguen en el cargo”, afirmó.
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Por su parte, el diputado Roque Fleitas (LLA) cuestionó la dependencia de herramientas tecnológicas como ORI. “No podemos pretender que un bot o una línea telefónica reemplacen la mirada de un psiquiatra en una guardia. El sistema está diseñado para la estadística, pero falla en la urgencia”, sostuvo.
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Frente a las críticas, Blanzaco reiteró que la dificultad para radicar profesionales en el interior constituye uno de los principales desafíos estructurales del sistema. “Hoy tenemos 2.091 agentes en el área, pero la brecha entre la capital y el resto de los departamentos sigue siendo el gran desafío a resolver”, concluyó. (APFDigital)
