POR MÓNICA FARABELLO

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El secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, conversó con Guale Digital y confirmó que la Municipalidad trabaja en una ordenanza o reglamentación para establecer un canon por el uso de los Galpones del Puerto. Aseguró que históricamente no existió una regulación específica, pese a que el espacio público es utilizado para eventos privados.

 

 

La Municipalidad de Gualeguaychú avanza en la elaboración de un esquema formal para regular el uso de los Galpones del Puerto, un espacio público que habitualmente es utilizado por productores privados para la realización de espectáculos, ferias y distintos eventos masivos.

 

En diálogo con Guale Digital, el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, explicó que actualmente se encuentra en análisis un proyecto que contempla la implementación de un canon para quienes utilicen las instalaciones.

 

«Estamos hablando para ver cuál va a ser el canon», señaló el funcionario, quien adelantó que la propuesta contempla un cobro cercano al millón de pesos por día para quienes requieran la totalidad de las naves. En tanto, para el uso parcial del predio, el valor proyectado rondaría entre 200 mil y 250 mil pesos por nave.

 

Olalde reconoció que hasta el momento no existía una regulación formal sobre la utilización de los galpones. «Nunca hubo nada que regulara eso», afirmó. Según explicó, durante años distintos organizadores solicitaron el espacio para realizar actividades sin que existiera una normativa específica que estableciera criterios de cobro o contraprestaciones.

 

«Le damos un espacio pero en gestiones anteriores nunca nadie reguló eso», remarcó el funcionario, quien consideró necesario avanzar en un sistema que permita afrontar los costos de mantenimiento e inversión del lugar. Según estimó, en las próximas semanas podría estar definido el decreto que dará marco al uso del espacio público.

 

Sin embargo, aclaró que desde el año pasado comenzaron a implementarse acuerdos puntuales con algunos organizadores. En varios casos, el pago no se realizó en efectivo sino mediante la entrega de materiales destinados a mejorar las instalaciones como pintura o sanitarios para mejorar los baños públicos ubicados en la zona del puerto.

 

«Ya veníamos cobrando», sostuvo Olalde. Mencionó que algunos productores aportaron inodoros, pintura y otros materiales necesarios para las obras de mantenimiento, con valores equivalentes a los montos que hubiera correspondido abonar por el uso del predio. Según explicó, esos aportes eran evaluados por las áreas técnicas municipales tomando como referencia precios de mercado.

 

El funcionario indicó que la intención es transparentar el sistema y establecer valores claros para cada nave y para el uso integral del complejo, aunque aclaró que aún restan definiciones administrativas y legales antes de su implementación.

 

Las declaraciones surgen en un contexto de nuevas inversiones proyectadas para el sector. Olalde reveló que existe un render elaborado por el área de Planeamiento que contempla la remodelación de los baños y accesos, aunque aclaró que el proyecto todavía no fue aprobado.

 

Según detalló, la obra en los baños demandaría una inversión superior a los 100 millones de pesos y permitiría mejorar significativamente la infraestructura disponible para eventos. También mencionó la necesidad de generar espacios específicos para el trabajo de las carrozas estudiantiles, ya que actualmente su utilización genera un importante desgaste en algunas naves.

 

Entre las ideas en análisis aparece la posibilidad de destinar sectores a un centro de convenciones y concesionar otras áreas para emprendimientos gastronómicos, aprovechando la ubicación estratégica de los galpones frente al río.

 

«En dos naves se puede hacer un centro de convenciones y a las otras naves se las das concesionas a privados para que pongan restaurantes; para darle otra vida a esos galpones», dijo Olalde.

 

Respecto de los eventos solidarios, Olalde adelantó que podrían contemplarse excepciones. «Lalcec o alguna institución de esas características, o que trabajan con fines solidarios, es más difícil cobrarles un canon», expresó. En esos casos, la decisión quedaría a consideración del Departamento Ejecutivo.

 

El proyecto de regulación será redactado y comunicado por el Poder Ejecutivo municipal. Mientras tanto, el debate gira en torno a cómo equilibrar el acceso a un espacio público con la necesidad de generar recursos para su mantenimiento y mejora.