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16/10/2026

Gualeguaychú: la UCR presentó un proyecto para regular taxis, remises y autos de aplicación

POR MÓNICA FARABELLO

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La iniciativa de Micaela Rodríguez y Maximiliano Lesik propone unificar la normativa del transporte individual de pasajeros, incorporar reglas para las aplicaciones de viajes y crear un registro único municipal. También establece requisitos para vehículos, conductores y empresas.

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Los concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) de Gualeguaychú, Micaela Rodríguez y Maximiliano Lesik, presentaron un proyecto de modificación de la ordenanza en el Concejo Deliberante para actualizar y unificar la regulación del transporte individual de pasajeros en la ciudad.

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La propuesta busca establecer un marco normativo común para los servicios de taxis, remises y aquellos contratados mediante plataformas electrónicas o aplicaciones digitales. Para ello, plantea derogar las ordenanzas 7251/1970 y 11.686/2012, junto con sus modificatorias, y reemplazarlas por un régimen integral que contemple las distintas modalidades de prestación.

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Entre los fundamentos del proyecto, los autores señalan que las transformaciones tecnológicas modificaron las formas de solicitar, contratar, pagar y evaluar los viajes. En ese contexto, consideran necesario establecer reglas que alcancen tanto a los servicios tradicionales como a las nuevas modalidades de contratación.

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Foto: Gentileza Reporte 2820
Foto: Gentileza Reporte 2820

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Qué establece el proyecto

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Uno de los puntos centrales es que todos los servicios comprendidos deberán contar con habilitación municipal, vehículos habilitados y conductores que cumplan los requisitos establecidos. La utilización de aplicaciones, redes sociales, sistemas telefónicos u otros medios tecnológicos no eximiría a los prestadores de esas obligaciones.

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En materia de vehículos, la iniciativa fija una antigüedad máxima de 180 meses —15 años— y establece la revisión técnica y de seguridad vehicular anual. Los vehículos que transiten su primer año y medio de uso quedarían exceptuados de ese control durante ese período, según el texto presentado.

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También se exige contar con seguro vigente, cinturones de seguridad en todas las plazas habilitadas, matafuego y demás elementos reglamentarios, además de mantener las unidades en condiciones adecuadas de higiene, conservación y funcionamiento.

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Para los conductores, se prevén requisitos vinculados con la licencia profesional correspondiente, la habilitación municipal, la documentación personal, los controles psicofísicos y la capacitación. Esta última podría incluir contenidos de seguridad vial, primeros auxilios, atención al usuario, accesibilidad, prevención de situaciones de violencia y derechos de los pasajeros.

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Un registro para las distintas modalidades

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El proyecto propone crear un Registro Único Municipal de Transporte Individual de Pasajeros, que dependería del área que determine el Departamento Ejecutivo municipal.

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El registro reuniría información sobre titulares, vehículos, conductores, agencias de remises, plataformas electrónicas, licencias y habilitaciones. Además, buscaría permitir la identificación de quién es el titular de cada vehículo, quién lo conduce y bajo qué modalidad presta el servicio.

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En el caso de las agencias de remises, la iniciativa establece que deberán contar con habilitación municipal y mantener actualizados los datos de los vehículos y conductores vinculados. También podrán utilizar sistemas informáticos y plataformas digitales para administrar los viajes.

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Qué pasaría con las aplicaciones de viajes

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La propuesta incorpora un apartado específico para los servicios contratados mediante plataformas electrónicas. Las empresas que administren u operen esas aplicaciones y actúen como intermediarias en la contratación deberán inscribirse ante la Municipalidad.

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Entre las obligaciones previstas se encuentran permitir únicamente la incorporación de vehículos y conductores habilitados, mantener actualizada la información de los prestadores e informar al pasajero, antes del viaje, la identificación del vehículo y del conductor asignado.

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También deberán comunicar el precio estimado o el mecanismo de cálculo de la tarifa, emitir comprobantes digitales, contar con canales para recibir reclamos y conservar registros de los viajes durante el plazo que determine la reglamentación.

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El texto contempla, además, la protección de los datos personales y establece que la información deberá proporcionarse a las autoridades en los casos y bajo las condiciones legalmente correspondientes.

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Derechos de los pasajeros y sanciones

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La iniciativa incluye una serie de derechos para los usuarios, entre ellos recibir un servicio seguro, conocer previamente la tarifa o el precio estimado, identificar al vehículo y al conductor, obtener un comprobante del viaje y contar con mecanismos para formular reclamos.

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Asimismo, establece la prohibición de rechazar injustificadamente el transporte por motivos vinculados con el sexo, género, discapacidad, edad, nacionalidad, religión, condición social u orientación sexual, entre otras condiciones protegidas por la legislación vigente.

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En cuanto a los controles, la Municipalidad podría inspeccionar vehículos y establecimientos habilitados, verificar documentación, seguros y licencias, y fiscalizar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

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Las infracciones podrían derivar en apercibimientos, multas, suspensiones de habilitaciones, inhabilitaciones de conductores y otras medidas contempladas en el régimen municipal de faltas, de acuerdo con la gravedad de cada caso.

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Plazos de adecuación

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El proyecto establece un plazo de 90 días para que los titulares de licencias de taxis y remises, las agencias y los demás prestadores que ya se encuentren habilitados se adecuen a las nuevas disposiciones. Las habilitaciones existentes conservarían su validez, siempre que se cumplan los requisitos previstos.

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La iniciativa fue ingresada al Concejo Deliberante el 1 de octubre de 2026 y propone un nuevo marco regulatorio para el transporte individual de pasajeros en Gualeguaychú.

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Su presentación abre el tratamiento legislativo de una propuesta que busca reunir bajo una misma normativa a los servicios tradicionales y a las modalidades de contratación mediante herramientas digitales.

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