El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Gobierno y Trabajo, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Concepción del Uruguay (STIA) y la empresa Granja Tres Arroyos SA, correspondiente a su planta La China de Concepción del Uruguay.

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La medida se adoptó mediante la Resolución Nº 363/2026 STySS, en el marco de la Ley Nº 14.786, ante la magnitud del conflicto y la necesidad de preservar un ámbito institucional de diálogo. Regirá por 15 días hábiles, a partir de las 14 del jueves 13 de agosto.

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Reincorporación inmediata de los despedidos

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La resolución ordena retrotraer la situación al estado previo a la comunicación de los despidos, efectuada desde el viernes 7 de agosto. En ese marco, se intimó a Granja Tres Arroyos SA a reincorporar de manera inmediata a los trabajadores despedidos desde las 00.00 de ese día, y a abstenerse de cualquier represalia contra el personal o la organización sindical.

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El sindicato y los trabajadores, por su parte, fueron intimados a dejar sin efecto toda medida de acción directa y a retomar las tareas de manera normal y habitual mientras dure la conciliación. El incumplimiento de lo dispuesto podrá derivar en las sanciones previstas por la normativa laboral vigente.

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Audiencia para el 20 de agosto

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La Secretaría de Trabajo fijó una audiencia de conciliación para el jueves 20 de agosto a las 12, en su sede de calle Buenos Aires 166 de Paraná, a la que deberán asistir representantes de ambas partes con poder de decisión suficiente. La medida busca preservar la paz social y encauzar el conflicto dentro del marco institucional correspondiente.

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Asistencia a los trabajadores

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En paralelo, el gobierno provincial desarrolló distintas acciones para asistir a los más de 900 trabajadores de Granja Tres Arroyos, cuya actividad está paralizada desde el 26 de mayo.

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Entre ellas, la entrega de 1.900 módulos alimentarios, la gestión de 825 solicitudes de subsidios de 200.000 pesos -cuyos pagos ya comenzaron y se ampliarán a 1.075 trabajadores-, una tarifa social de energía eléctrica para 525 trabajadores durante dos bimestres y la gestión de una prórroga y refinanciamiento de su deuda con Enersa.

También se elaboró un protocolo con el Hospital J.J. Urquiza para la atención y provisión de medicamentos a trabajadores con enfermedades crónicas afiliados al STIA, cuya obra social quedó desfinanciada por la falta de pagos de la empresa.