Distintos sectores de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) brindaron una conferencia de prensa para explicar los motivos de la quinta Marcha Universitaria, que tendrá su concentración principal en Paraná el próximo jueves 15 de octubre, a las 17, en la Plaza Primero de Mayo.

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Durante el encuentro, la decana de la Facultad de Trabajo Social, Rosana Pieruccini, remarcó que se trata de una nueva movilización para exigir que el Gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento universitario. Además, cuestionó el proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo nacional, al señalar que contempla recursos que están un tercio por debajo de lo que las universidades necesitan para funcionar.

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Según las proyecciones de los equipos técnicos de la UNER, si se mantiene la pauta de gasto prevista por Nación, 2027 será el cuarto año consecutivo en el que el sistema universitario tendrá un financiamiento real negativo.

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En ese contexto, Pieruccini adelantó que el viernes 16 de octubre, a las 16, las autoridades universitarias se reunirán en el Rectorado con legisladores nacionales por Entre Ríos. El objetivo será analizar la situación presupuestaria y buscar alternativas de acompañamiento para garantizar el funcionamiento de las instituciones.

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Durante la conferencia también se expusieron las consecuencias que la situación económica tiene sobre la investigación, la actividad académica y las condiciones laborales. Investigadores de la Facultad de Ingeniería defendieron el papel de la universidad pública como motor del desarrollo productivo y de la movilidad social ascendente, y alertaron que el financiamiento destinado a investigación, extensión, vinculación y transferencia de conocimiento “está en riesgo y en retroceso”.

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Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Aixa Boykens, advirtió que la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios obliga a recurrir al pluriempleo o a solicitar licencias, situaciones que, según señaló, repercuten en la calidad de la enseñanza. En ese marco, reclamó al Ejecutivo nacional el cumplimiento de la ley y el respeto por la división de poderes.

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Los estudiantes también expresaron su preocupación por las dificultades económicas que atraviesa el sector. Entre los cuestionamientos, señalaron que la beca Progresar se encuentra en los 28.000 pesos y afirmaron que el acceso al beneficio resulta cada vez más complicado, con numerosos rechazos a las solicitudes. Además, rechazaron que las dificultades para acceder a las becas sean responsabilidad de las universidades, como sostiene el Gobierno nacional.

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Finalmente, los representantes de la UNER hicieron un llamado al gobernador Rogelio Frigerio y a los legisladores nacionales entrerrianos para que realicen gestiones ante la Administración Central con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para sostener el funcionamiento académico, operativo y científico de la universidad.

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Desde la institución insistieron en que el reclamo por el financiamiento universitario debe trascender las diferencias políticas y partidarias. La convocatoria apunta a reunir a distintos sectores de la comunidad en defensa de la educación pública y de las condiciones necesarias para garantizar la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria.

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FUENTE: UNER

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