En medio de tensiones con la Justicia por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno nacional presentó en el Senado una iniciativa que propone cambios de fondo en el sistema de pensiones por invalidez.

El proyecto, denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, establece nuevas condiciones para acceder y mantener el beneficio. Entre los principales puntos, se incluye un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares, quienes deberán volver a acreditar su situación médica, socioeconómica y antecedentes laborales. Quienes no completen este proceso podrían perder automáticamente la prestación.

Además, la propuesta refuerza los mecanismos de control mediante el cruce de datos entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS, y habilita suspensiones “preventivas” ante inconsistencias detectadas.

En términos económicos, se plantea fijar el monto de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y eliminar adicionales por invalidez laboral o zona desfavorable. También se establece la incompatibilidad total con el empleo formal, lo que impediría a los beneficiarios trabajar en blanco sin perder la ayuda.

El proyecto introduce, además, modificaciones estructurales: elimina el nomenclador vigente y desregula las negociaciones con obras sociales y prepagas, lo que implica un cambio en el esquema de prestaciones.

De aprobarse, la iniciativa marcaría un giro hacia criterios más restrictivos en el acceso y permanencia en las pensiones, con un alcance menor en la cobertura respecto del sistema actual.

Actualización de aranceles en discapacidad

A propósito de la ultima novedad sobre las actualizaciones de aranceles en discapacidad, la misma ya fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución 41/2026 del Ministerio de Salud, que establece una actualización del 3,40 % en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para el mes de abril.

Los puntos a destacar son los siguientes:

El incremento es uniforme para todas las prestaciones.
Se reconoce un 20 % adicional por zona desfavorable para las provincias patagónicas.

Ni bien se dio a conocer esta situación, desde las redes sociales del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, expresaron que esta actualización resulta  insuficiente frente a la grave crisis que atraviesa el sector, con aranceles atrasados y prestaciones en riesgo.