La confirmación de un murciélago con rabia en Gualeguaychú constituye una señal de alerta que las autoridades no pueden minimizar ni dejar pasar. Los proteccionistas unidos de la ciudad indicaron que «se trata de un hecho que debe encender todas las alarmas y obligar a las autoridades a una reflexión seria sobre la ausencia de políticas públicas preventivas sostenidas».

En términos epidemiológicos, la aparición de rabia en fauna urbana funciona como un evento centinela: una señal temprana de que el virus está circulando en el ambiente y de que las medidas de prevención deben reforzarse y tomarse con absoluta seriedad.

La rabia es una enfermedad mortal. Y cuando aparece en una ciudad donde existe sobrepoblación de perros y gatos, el riesgo sanitario para toda la comunidad aumenta.

Los antecedentes recientes en nuestro país lo demuestran. En 2021, en Coronel Suárez, una mujer de 33 años murió de rabia tras la mordedura de un gato. Hacía 13 años que no se registraban muertes humanas por esta enfermedad en Argentina. Ese caso dejó en evidencia que la rabia no es un problema del pasado y que, cuando fallan los sistemas de prevención, las consecuencias pueden ser gravísimas.

La vacunación antirrábica es una herramienta indispensable, pero por sí sola no alcanza si no se aborda el problema de fondo: el control ético y sanitario de la población animal. Miles de perros y gatos sin control sanitario ni reproductivo significan más riesgo epidemiológico para toda la comunidad.

En Gualeguaychú existe una herramienta preventiva concreta y de comprobada eficacia: la Ordenanza 12.803/23, que establece la implementación del Programa de Equilibrio Poblacional (PEP) de perros y gatos. Se trata de una política pública basada en la castración masiva, temprana, gratuita, sistemática y extendida, no excluyente y en cantidad suficiente —833 castraciones mensuales para nuestra ciudad—, reconocida internacionalmente como la estrategia más eficaz para prevenir la sobrepoblación animal y sus consecuencias sanitarias. Pero lamentablemente no se cumple.

Cuando el Estado no implementa las políticas que previenen los problemas, toda la comunidad queda expuesta. En los hechos, nos deja sentados sobre una bomba de tiempo sanitaria.

Desde las ONGs venimos advirtiendo desde hace años sobre la necesidad de aplicar de manera plena y sostenida el Programa de Equilibrio Poblacional.

La prevención existe.

La ordenanza existe.

El programa existe.

Cumplirlo no es una opción.

Es una responsabilidad sanitaria ineludible. Porque, visto lo visto, puede ser literalmente una cuestión de vida o muerte.

El documento enviado a los medios de comunicación fue firmado por los Proteccionistas Unidos