El cuerpo de concejales del Partido Justicialista enviaron una nota a la viceintendente y Presidente del Concejo Deliberante, Julieta Carrazza, para consultarle sobre el caso del concejal Marcelo Rodríguez, quien fue denunciado por presunto acoso y abuso sexual simple contra una secretaria del cuerpo legislativo.
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En este contexto, resaltaron «la profunda preocupación, que como espacio político nos interpela, por el desmantelamiento de las políticas públicas en materia de defensa de los derechos de las mujeres».
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En diálogo con Guale Digital, el concejal Emiliano Zapata confirmó que la nota no fue recibida en mesa de entrada, aduciendo que Carrazza no se encontraba en el lugar. Ante la negativa de recibir la nota, el concejal decidió retirar el texto, aunque la solicitud de información sigue en pie.
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A continuación, la nota completa: A la Sra. Presidenta del Honorable Concejo Deliberante Julieta Carraza.
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«De nuestra mayor consideración: Las y los concejales del bloque Partido Justicialista nos dirigimos a usted en virtud de haber tomado conocimiento, a través de distintos medios de comunicación, de que el Ministerio Público Fiscal habría remitido a esa Presidencia copia de la denuncia formulada por una empleada municipal contra el concejal Marcelo Rodríguez, integrante del bloque La Libertad Avanza.
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En ese marco, solicitamos tenga a bien informar a este cuerpo qué medidas institucionales prevé adoptar frente a dicha situación.
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Entendemos que, más allá del ámbito en el que se sustancie la denuncia, la gravedad de los hechos denunciados interpela institucionalmente a este Honorable Concejo Deliberante, que tiene la responsabilidad de garantizar un ámbito de trabajo respetuoso, libre de violencias y comprometido con la defensa de los derechos de todas las personas.
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Asimismo, consideramos de suma importancia que, en el marco de lo dispuesto por la Ley 26.485, se adopten todas las medidas necesarias para preservar y proteger a la posible víctima de los hechos denunciados, evitando cualquier situación que pudiera implicar su revictimización o afectar sus derechos, en consonancia con los principios que deben regir el accionar de las instituciones públicas.
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En tal sentido, consideramos necesario conocer cuál será la postura institucional de la Presidencia y qué acciones se impulsarán tanto para resguardar la integridad de quienes desempeñan funciones en este Concejo como para preservar a la posible víctima y mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
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Todo esto, en el marco de una profunda preocupación, que como espacio político nos interpela, por el desmantelamiento de las políticas públicas en materia de defensa de los derechos de las mujeres, en particular, aquellos resortes que permiten dar respuesta desde el Estado a las situaciones de violencia de género.
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La desaparición del órgano municipal de atención a mujeres víctimas, como resorte para articular respuestas inmediatas con profesionales idóneas, resulta un ejemplo del retroceso que en la materia ha ocurrido en la actual gestión.
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Nuestro pedido no implica adelantar juicio alguno sobre la responsabilidad del concejal denunciado, cuestión que corresponde resolver a la Justicia, sino requerir que este cuerpo actúe con la responsabilidad, la seriedad y la perspectiva institucional que una situación de estas características demanda», cerró el texto.
