Desde el FORO expresaron su preocupación y repudiaron la decisión del Gobierno Nacional de eliminar las compensaciones económicas que el Estado destinaba a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad y otros grupos alcanzados por la ley.
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La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 publicada en el Boletín Oficial y, aunque aclara que el derecho a la gratuidad “permanece plenamente vigente y exigible”, desde el sector advirtieron que la decisión podría traducirse en nuevas barreras para acceder al transporte.
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“En un contexto de atraso arancelario, desfinanciamiento y recorte de políticas públicas, decisiones como esta continúan poniendo en riesgo derechos fundamentales de las personas con discapacidad”, manifestaron.
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Además, remarcaron que la eliminación de las compensaciones genera incertidumbre sobre el cumplimiento real de los pasajes gratuitos y sostuvieron que la medida se suma “al permanente hostigamiento hacia las personas con discapacidad y las instituciones del sector”.
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Familiares de personas con discapacidad también cuestionaron la decisión y señalaron el impacto que podría tener sobre quienes utilizan el beneficio para acceder a tratamientos, terapias o instituciones educativas.
“Ahora nos quitan la gratuidad del transporte. El transporte gratuito para una persona con discapacidad y un acompañante es un derecho. No es para vacacionar, generalmente se utiliza para ir a tratamientos, terapias, escuela y sobre todo para quienes no tienen los recursos para trasladarse”, expresaron a Guale Digital.
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Y agregaron: “Es una obligación del Estado. Las empresas también tienen obligaciones con la sociedad, pero es el Estado el que debe regular todo el sistema social”.
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El reclamo de las empresas de transportes
Por otra parte, la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) también cuestionó la medida y reclamó una deuda millonaria que el Estado mantiene con las compañías por los pasajes gratuitos ya otorgados.
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Desde la entidad aseguraron que la deuda supera los $27.000 millones y denunciaron que el Gobierno dejó de cumplir con los pagos hace más de un año, aunque las empresas continuaron garantizando el beneficio.
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“El transporte de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/24, pero las empresas siguen obligadas a absorber una carga que históricamente era compensada por el Estado”, señalaron.
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Según indicaron, el último pago recibido correspondió a noviembre de 2024 y desde entonces las compañías continuaron entregando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos por año sin recibir compensaciones oficiales.
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El conflicto incluso avanzó en la Justicia y el pasado 18 de mayo un juzgado federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional.
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La decisión del Gobierno nacional quedó plasmada en la Resolución 28/2026, mediante la cual se derogaron las resoluciones 717/2018, 567/2019, 536/2022 y 549/2023, normas que establecían mecanismos de compensación parcial para cubrir los boletos gratuitos.
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El régimen alcanzaba a los servicios de transporte interjurisdiccional de larga distancia e incluía los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer, contemplados en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.
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A pesar de la eliminación de las compensaciones, el Gobierno sostuvo que el derecho a viajar gratuitamente continúa vigente y que las empresas deberán seguir otorgando los pasajes sin recibir reintegros del Estado.
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En ese sentido, la resolución establece que la medida “no afecta el derecho a la gratuidad previsto en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674” y encomienda a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) garantizar el cumplimiento efectivo del sistema.
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La normativa también se enmarca en el esquema de desregulación impulsado tras el Decreto 883/2024, que habilitó a las empresas de transporte a definir libremente recorridos, horarios, tarifas y modalidades de servicio.