POR LAUTARO SILVERA
Ante la última novedad oficial de que el Gobierno envió al Congreso de la Nación un proyecto que propone cambios de fondo en el sistema de pensiones por invalidez, denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, comenzaron a multiplicarse las expresiones de rechazo.
En medio de tensiones con la Justicia por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno nacional presentó en el Senado una iniciativa que plantea modificaciones estructurales en el sistema. El proyecto establece nuevas condiciones para acceder y mantener estos derechos, que vienen siendo cuestionados desde el oficialismo.
Entre los principales puntos, se incluye un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares, quienes deberán volver a acreditar su situación médica, socioeconómica y antecedentes laborales. Quienes no completen este proceso podrían perder automáticamente la prestación.
Consultado por Guale Digital, Pablo Recchia, referente en discapacidad con más de treinta años de trayectoria, expresó su preocupación por el alcance de la medida.
“Esto es gravísimo, las consecuencias van a ser impredecibles. Este gobierno está enajenado de la realidad, hay un desconocimiento total sobre las personas con discapacidad, y la dirigencia política es cómplice absoluta, sobre todo quienes votan a todo nivel. Este nuevo proyecto es un despropósito, inentendible”, afirmó.
El proyecto también apunta a modificar los mecanismos de control mediante el cruce de datos entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS, y habilita suspensiones “preventivas” ante inconsistencias detectadas.
“La gota que rebalsa el vaso es este nuevo intento de modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que aún no se puso en marcha. Sin dudas que este proyecto indica un retroceso gravísimo”, agregó Recchia.
Por su parte, desde ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina) emitieron un comunicado en la misma línea.
“La incompatibilidad absoluta entre pensión y empleo formal, y la eliminación de herramientas de actualización y financiamiento, implican un grave retroceso en materia de derechos para las personas con discapacidad”, señalaron.
Eliminación del nomenclador único
Otro de los puntos más sensibles del proyecto es la eliminación del nomenclador único.“La eliminación del nomenclador único, herramienta que garantiza criterios equitativos en el acceso a terapias y apoyos, representa un riesgo crítico para la sostenibilidad del sistema. Liberarlo implica que cada obra social o prepaga establezca valores y condiciones de manera discrecional, generando profundas desigualdades en el acceso a las prestaciones básicas”, advirtieron desde ASDRA.
Y agregaron: “Esto no solo pone en jaque la continuidad de numerosas instituciones y profesionales, sino que también deja a las personas con discapacidad sujetas a la capacidad económica de sus familias para sostener tratamientos esenciales”.
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Cabe recordar que, en este contexto, la Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada el año pasado tras atravesar distintas instancias, incluido el veto del presidente Javier Milei. A pesar de ello, la norma fue finalmente aprobada, aunque el Gobierno aún no la ha implementado, lo que derivó en una intervención de la Justicia para exigir su cumplimiento.
“Acá hay un gobierno comandado por una persona enajenada de la realidad que basa ‘su déficit cero’ en el exterminio de las franjas más vulnerables de nuestro país: discapacidad, jubilados, salud, educación, ciencia y tecnología”, sentenció Recchia.
Desde el sector remarcan además que este nuevo intento de modificación vulnera derechos adquiridos por las personas con discapacidad.
“Se afectan principios fundamentales establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país ha ratificado y que tiene jerarquía constitucional. En particular, se ven comprometidos derechos vinculados a la inclusión laboral, la autonomía personal y el acceso a condiciones de vida dignas”, indicaron.
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Otra de las voces en contra a la propuesta del Gobierno Nacional es la del Foro Permanente Discapacidad, quienes en sus redes sociales dejaron de manifiesto el rotundo rechazo. «Esta iniciativa, que modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad, instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema».
Finalmente, desde ASDRA advirtieron sobre el impacto concreto de estas medidas. “Se trata de decisiones con consecuencias profundamente regresivas. Muchas personas no podrán acceder en tiempo y forma a las auditorías o procesos de reempadronamiento por barreras geográficas, económicas o de accesibilidad, lo que podría derivar en la suspensión automática de sus pensiones. En numerosos casos también habrá interrupción de tratamientos, terapias y apoyos esenciales”, sostuvo Valeria Follonier, presidenta de la entidad.
“La pérdida de estos recursos no solo deteriora la salud física y mental, sino que puede generar mayores niveles de dependencia, retrocesos en la autonomía lograda y un agravamiento de las condiciones de vida”, concluyó.
