El juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita esperan que, esta semana, Manuel Adorni presente su declaración jurada completa y, mientras tanto, pondrán el foco en recopilar toda la información patrimonial, bancaria y de criptoactivos, antes de definir si llaman al jefe de Gabinete a declarar, formalmente, bajo la figura de indagatoria o informativa.

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En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito por parte del funcionario, la Justicia analiza exhaustivamente los testimonios de Matías Tabar y José Rodríguez, involucrados en las refacciones y en los contratos de alquiler que Adorni pagó desde octubre de 2023.

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Luego de ambas declaraciones, donde tanto el contratista Tabar como Rodríguez, el propietario de una casa en el country Indio Cuá, confirmaron que recibieron cifras significativas en dólares y en efectivo, comenzaron las sospechas de que podría haber ciertas irregularidades, ya que no coincidirían con el ingreso declarado por el funcionario, desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

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Hasta el momento, Adorni fue intimado formalmente a entregar los documentos que viene postergando, a pesar de haber sido advertido que su situación procesal se podría complicar si no presenta la documentación necesaria y completa a la brevedad.

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El avance de la causa se sustenta en las declaraciones de la escribana Adriana Nechevenko, que firmó la compra del departamento de Caballito; del contratista Tabar, quien confesó el cobro de 245.000 dólares sin factura; y de José Rodríguez, el propietario que confirmó que recibió el pago en efectivo de otros 21.000 dólares por alquileres temporales en Exaltación de la Cruz.

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