POR MÓNICA FARABELLO

 

El tratamiento del proyecto del barrio privado “La Alameda” en el Concejo Deliberante de Gualeguaychú abrió un fuerte debate político e institucional, con cuestionamientos al funcionamiento interno del cuerpo y diferencias marcadas entre oficialismo y oposición. ¿Dónde se desarrolla la Alameda y por qué buscan excepciones por parte del Estado?

 

Durante las reuniones de comisión, concejales opositores plantearon la necesidad de revisar las reglas de trabajo legislativo, especialmente en lo referido a quiénes pueden convocar reuniones, invitar especialistas y definir el tratamiento de los expedientes. Las críticas surgieron luego de que, en el abordaje del expediente N° 8024/26, se convocara a funcionarios y desarrolladores sin haber realizado previamente reuniones conjuntas entre las comisiones.

 

Desde la oposición advirtieron que esta modalidad vulnera prácticas acordadas y limita la participación. “No está buena esta forma de trabajar”, expresó la concejal Micaela Rodríguez, mientras que María Sira Ghisi señaló que existe una “situación de desventaja” al no haber tratado previamente el tema dentro del bloque opositor. “Es un convenio urbanístico súper transparente”, sostuvieron desde el oficialismo y aclararon que es un proyecto que viene desde el Ejecutivo.

 

El HCD ¿Una escribanía?

El concejal Emiliano Zapata cuestionó la posibilidad de avanzar de manera “unilateral” y pidió mayor apertura y democracia en el tratamiento. Incluso se debatió quiénes deben tener la facultad de invitar profesionales a las reuniones.

 

Mientras que desde el PJ se propuso que todos los ediles puedan hacerlo, el oficialismo impulsó que esa atribución quede exclusivamente en manos de los presidentes de comisión. Esta última postura se impuso por siete votos contra seis.

 

Recordemos que todas las Comisiones son presididas por el oficialismo, lo que imposibilitaría que cualquier otro edil, tome la iniciativa de plantear distintas invitaciones.

 

Por su parte, el concejal Jorge Roko pidió “no burocratizar” el funcionamiento del Concejo y defendió la postura que sólo los presidentes de las Comisiones, impulsen las invitaciones.

 

El nuevo barrio: Debate por el encuadre urbanístico

 

El eje del conflicto gira en torno al proyecto de “La Alameda”, un barrio privado impulsado por los desarrolladores Juana Abraham y Matías Majul, ubicado en la zona de chacras, sobre el camino a Ñandubaysal, muy cerca de Prados de la Adelina.

 

Desde la oposición denunciaron que el emprendimiento implicaría excepciones al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), particularmente en tres aspectos: el tamaño de los lotes, la reserva de espacios verdes y el porcentaje destinado al Banco de Tierras.

 

Según explicaron, mientras el POT establece como máximo 600 metros cuadrados para zonas residenciales tipo R3, el proyecto propone parcelas de 1.250 metros cuadrados, es decir, más del doble.

 

Sin embargo, desde el oficialismo rechazaron que se trate de excepciones. “Es un convenio urbanístico súper transparente”, aseguraron, al tiempo que indicaron que el proyecto se encuadra en una modalidad de acuerdo entre privados y el Estado para desarrollar zonas específicas.

 

En ese sentido, el funcionario de Gestión Urbana, Ariel Destéfano, sostuvo que “es lógico normar estas zonas de chacras” y explicó que las características del lugar justifican dimensiones mayores de los lotes.

 

Servicios, obras y compensaciones

Otro de los puntos en discusión fue la provisión de servicios básicos. Según se informó, el barrio no contará con red de agua ni cloacas tradicionales. El abastecimiento de agua se resolvería mediante pozos, mientras que los efluentes se tratarían con biodigestores.

 

Asimismo, se planteó que los desarrolladores deberán hacerse cargo de la iluminación del camino de acceso, un tramo de aproximadamente un kilómetro y medio. En ese marco, se propuso que esta obra funcione como compensación ante los posibles incumplimientos de los parámetros urbanísticos.

 

La concejal Delfina Herlax puso el foco en este punto al preguntar si se están respetando las obligaciones de cesión de espacios verdes y aportes al Banco de Tierras, y si la obra de iluminación resulta equivalente económicamente a esas exigencias.

 

Por su parte, los desarrolladores defendieron el proyecto y aseguraron que trabajan en el expediente “desde hace dos años junto al Municipio”. Además, detallaron que prevén instalar columnas de iluminación de ocho metros de altura cada 30 metros, lo que permitirá mejorar significativamente la visibilidad en la zona.

 

Pese a las tensiones y los cruces, el proyecto obtuvo despacho tras una reunión marcada por momentos de fuerte discusión, por lo que continuará su tratamiento en el ámbito legislativo.

 

El caso no solo expuso diferencias sobre el modelo de desarrollo urbano, sino también dejó en evidencia un debate más profundo sobre las reglas de funcionamiento del Concejo Deliberante, que podría reabrirse en las próximas semanas.