POR MÓNICA FARABELLO

 

Desde “convenio urbanístico ejemplar y prolijo” hasta “tratamiento antidemocrático”. Todo se escuchó en poco menos de una hora que duró el debate sobre tablas. Finalmente, y contando los votos, el oficialismo logró imponerse por seis votos positivos contra cinco abstenciones.

 

En una sesión intensa, los concejales de Gualeguaychú aprobaron por escaso margen el convenio urbanístico para el desarrollo del barrio privado “La Alameda”. El tratamiento dejó expuestas diferencias tanto sobre el proyecto como sobre la forma en que se abordó en comisiones.

 

Recordemos que “La Alameda” es un barrio privado impulsado por los desarrolladores Juana Abraham y Matías Majul, ubicado en la zona de chacras, sobre el camino a Ñandubaysal, muy cerca de Prados de la Adelina.

 

En el debate, desde el oficialismo, el concejal Juan Pablo Castillo defendió la iniciativa y destacó su impacto: “Este convenio urbanístico es una herramienta del POT. Es una articulación público-privada que va a traer desarrollo para la zona del camino a Ñandubaysal”.

“El privado se comprometió a colocar 1.500 metros de iluminación LED y esto va a generar un antes y un después”, dijo el oficialista y agregó: “Es un expediente muy prolijo… un excelente antecedente para futuros convenios”.

 

En cambio, la concejal del PJ María Sira Ghisi cuestionó el tratamiento legislativo y confirmó la abstención: “Acá comenzamos con problemas de comunicación. La comisión de obras públicas se dio de manera imperativa, poco democrática, sin participación. Decidimos abstenernos, no por estar en contra del desarrollo, sino por la falta de tiempo para analizar el expediente” y agregó que “el oficialismo no brindó tiempo suficiente. Se impulsó un tratamiento apresurado”, dijo respecto al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

 

Además, hubo un debate acerca de si se trató de una excepción en favor de los desarrolladores de La Alameda, o de un convenio. “Se habló de tres excepciones: tamaño de lotes, agua y cloaca”, dijo la concejal de la UCR, Micaela Rodríguez, haciendo alusión a lo expuesto por el funcionario Ariel Destéfano en la reunión de Comisiones.

 

El concejal Jorge Roko rechazó esas críticas y defendió la legalidad del proyecto: “El proyecto está enmarcado en las normativas del POT y cumple con todos los requisitos. De ninguna manera se excepciona nada. Las modificaciones están compensadas con una contraprestación ya cumplida por los desarrolladores”, dijo en referencia a los 1500 metros de iluminación que el privado instalará en la zona del camino a Ñandubaysal.

 

En este sentido, Roko expresó su voluntad de que se sumen “muchos más convenios para el desarrollo” y para que “se puedan facilitar mayores inversiones, siempre teniendo en cuenta que la urbanización requiere de una planificación estratégica”.

 

Roko no perdió la oportunidad para señalar al gobierno anterior y dijo que en esa gestión sí se hicieron excepciones “en lugares que hoy cuesta mucho acceder con servicios” y sumó respecto a La Alameda: “una modificación de superficie no es una excepción”.

 

Quien también salió al cruce por las preguntas que quedaron sin responder en el expediente, fue el concejal radical, Maximiliano Lesik, quien indicó que “quisiera tener mayor información respecto a si se iguala en términos económicos lo que se estaría resignando por parte del Municipio, en relación al costo que va a tener el privado con respecto a las luminarias. Esa información no la tuvimos”.

 

Lesik y Rodríguez desde la UCR, al igual que los referentes del PJ, coincidieron en que no fue prolijo el tratamiento en las Comisiones y pidieron que se vuelva a trabajar con la modalidad que venían implementando los dos primeros años de trabajo: con mayor diálogo y consenso.

 

 

La Viceintendenta y el uso de la palabra

 

Para visibilizar la importancia que el gobierno local le dio al convenio con La Alameda, vale resaltar que fue la propia presidenta del Concejo Deliberante, Julieta Carrazza, quien en uso del reglamento pidió hacer uso de la palabra.

 

Dejando su lugar en el estrado, se sentó en una de las bancas oficialistas y tomó la palabra para aclarar que “un convenio urbano, prevé que en proyectos en los que no se cumpla con todos los requisitos, absolutamente con todos, se pueda hacer un convenio urbano en que las partes, tanto el Estado como el privado, puedan convenir acerca de cuáles son las prestaciones que van a tener que cumplir el privado y cuáles van a ser las obligaciones del Estado”.

 

“¿Qué diferencia hay entre una excepción y un convenio urbano? No es lo mismo exceptuar -como se han exceptuado por años- loteos sin ningún tipo de criterio, sin pasar por las áreas técnicas del gobierno, que aprobar un convenio urbano donde las responsabilidades de cada uno, tanto del Estado como de los particulares, están zanjadas”, dijo Carrazza defendiendo el proyecto.

 

“Tenemos que ver qué le va a traer a la comunidad: por eso se hacen los convenios urbanos, para que haya un impacto positivo en la comunidad”, destacó la Viceintendenta.

 

Delfina Herlax (PJ) pidió que las explicaciones sean dadas a los vecinos “porque esto evidentemente no es tan claro. Nosotros no nos oponemos al convenio urbanístico, es una herramienta que está dentro del POT y que está aprobada”, dijo la edil, pero mantuvo sus dudas respecto a otras excepciones como el abordaje de los espacios verdes en el barrio privado, el beneficio para el Banco de Tierras y hasta los motivos por los que otras chacras no han accedido a este tipo de beneficios que sí logra La Alameda.  

 

Finalmente, y tras retirarse de manera imprevista el concejal oficialista Raimundo Legaria, los votos quedaron muy divididos. La oposición entre PJ y UCR sumaron cinco abstenciones, frente a seis votos positivos del oficialismo y La Libertad Avanza, cuyos concejales se mantuvieron en estricto silencio.

 

De esta manera, La Alameda avanza con más críticas que certezas, en el ámbito del Concejo Deliberante.