Un proyecto de ley ingresado en la Honorable Legislatura de Entre Ríos propone la creación de un Régimen Provincial de Tarifa Eléctrica Diferenciada destinado a Micro y Pequeñas Empresas con empleo registrado, con el objetivo de aliviar costos y promover la formalización laboral.
La iniciativa fue presentada por el diputado provincial Carlos Damasco, junto a Gladys Salinas y Yari D. Seyler, y establece una bonificación del 20% en la tarifa eléctrica vigente, con un tope de hasta 80 kWh mensuales por usuario.
Entre los principales puntos del proyecto, al cual tuvo acceso Guale Digital, determina que podrán acceder al beneficio las personas jurídicas que cuenten con certificación vigente como Micro o Pequeña Empresa, tengan domicilio fiscal en Entre Ríos, desarrollen actividades comerciales o de servicios en la provincia y acrediten al menos un trabajador registrado.
El alcance incluye a usuarios abastecidos por Energía de Entre Ríos S.A. (ENERSA) y cooperativas eléctricas, aplicándose la bonificación sobre el consumo facturado, con exclusión de impuestos y tasas.
En cuanto a la implementación, el Poder Ejecutivo deberá incorporar el beneficio en los cuadros tarifarios, establecer mecanismos de compensación para las distribuidoras y garantizar su aplicación uniforme en todo el territorio provincial. La autoridad de aplicación será definida por el Ejecutivo, con intervención del Ente Provincial Regulador del Servicio Eléctrico (EPRE), encargado de fiscalizar el cumplimiento y validar a los beneficiarios.
Para mantener el beneficio, las empresas deberán conservar su condición de Micro o Pequeña Empresa, sostener al menos un trabajador registrado, no registrar deudas con la distribuidora eléctrica y cumplir con sus obligaciones fiscales y previsionales.
El acceso será a solicitud del usuario, quien deberá presentar certificado MiPyME vigente, constancia de alta del trabajador y una declaración jurada. Además, se contempla la posibilidad de aplicar el beneficio de forma provisoria, sujeto a validación posterior.
El proyecto también establece un esquema de financiamiento mediante compensaciones económicas a ENERSA y a las cooperativas eléctricas, con el fin de preservar el equilibrio del servicio público.
En materia de segmentación, se fija que el beneficio se aplicará de manera diferenciada según niveles de consumo y tipo de actividad, con un tope máximo subsidiado de 80 kWh mensuales. El consumo excedente será facturado sin bonificación.
Asimismo, se prevén mecanismos de control y auditoría mediante cruces de información con organismos fiscales y laborales, y sanciones ante incumplimientos o falseamiento de datos, que incluyen la pérdida del beneficio y la devolución de montos.
El proyecto invita a municipios y comunas a adherir y habilita la posibilidad de establecer beneficios complementarios en tasas locales. También fija un plazo de 90 días para su reglamentación una vez promulgada.
En los fundamentos, los autores sostienen que el sistema eléctrico representa un componente clave en la estructura de costos de las pequeñas empresas y que la medida busca fortalecer el entramado productivo. En ese sentido, remarcan que la iniciativa apunta a una doble finalidad: reducir la carga económica del sector y fomentar el empleo formal.
“No es un gasto: es una inversión directa en trabajo y producción entrerriana”, señalan.
