El Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos aportó su mirada en el marco de la discusión por la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El presidente de la Regional Sur Este, el ingeniero Aníbal García, expuso en la reunión de comisiones conjuntas del Concejo Deliberante de la ciudad.
El Concejo Deliberante de Gualeguaychú se está dando un proceso de discusión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), instrumento que define las líneas rectoras del crecimiento y desarrollo de la ciudad (Expediente 04-008063-2026). En ese marco, la semana pasada fueron convocados colegios de profesionales a la reunión de comisiones conjuntas que se realizó en el cuerpo legislativo.
Además del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos (CPICER), que estuvo representado por el presidente de la Regional Sur Este, el ingeniero Aníbal García, fueron convocados los arquitectos, agrimensores, maestros mayores de obras y técnicos, y corredores inmobiliarios.
En ese marco, desde el CPICER se enfatizó en la necesidad de contemplar varios puntos que no están siendo considerados en la actual discusión. “Estamos a favor de una ciudad más compacta que despegue en mayor altura. Pero nos llama mucho la atención que lotes dentro de la misma manzana dejen que se edifique en mayor altura si la orientación es Norte-Sur y no si es Este-Oeste”, expuso García.
“Además, se habla de riesgo hídrico, pero solo se ata a una cota de +5.80 metros, que responde a la crecida histórica del río Gualeguaychú de 1978, pero nada dice de las inundaciones que sufren, por ejemplo, los vecinos de Urquiza al Oeste, que están por encima de esa cota, o los vecinos del barrio Munilla, o los de la chacra de Pelayo aguas arriba”, cuestionó el ingeniero.
Entre los aspectos positivos del proyecto evaluado, el CPICER destacó que construir en más altura donde ya hay cloacas, agua y luz tiene lógica. “Si en el centro la altura máxima es de 10 metros, la inversión se frena; subirla, bien hecho, ordena la ciudad”, destacaron. Al tiempo que remarcaron el cambio en los plazos de los trámites, como la respuesta en 30 días a los permisos y su vigencia de 18 meses, lo que da previsibilidad.
Entre los cuestionamientos, en tanto, apuntaron a que “se está legislando antes de terminar el estudio que se supone tiene que justificar esa legislación”. En este sentido, “el orden debería ser: primero mido cómo está la ciudad, después decido a dónde quiero llegar. Acá fijaron a dónde van antes de medir de dónde parten. Es como hormigonar las zapatas y recién después hacer el estudio de suelos”.
En el proyecto oficial las alturas habilitadas para construir pasan de 10 -13 metros a 12, 15, 24 y hasta 30 metros. “¿Aguantan las cloacas, el agua, los desagües, el tránsito y el estacionamiento esa cantidad de gente nueva? No se sabe: no hay ni un estudio que lo demuestre. Es una planilla de números altos sin las cuentas que la justifiquen”, cuestionaron desde el CPICER.
Otro de los puntos en los que se hizo énfasis fue el carácter “provisorio” del régimen, sin fecha de vencimiento. “El problema es que los permisos que se otorguen mientras tanto (alturas, convenios, exenciones) generan derechos que después no se pueden dar marcha atrás”, advirtió García. Además, “crean un Consejo Consultivo de Planeamiento, pero lo coordina la propia oficina del Ejecutivo y a quién se invita queda a criterio de esa misma oficina. Encima sus opiniones no son obligatorias. Traducido: el controlado elige quién lo controla, y puede no llamar a nadie”.
Falta de control
“Antes, todo loteo tenía que hacer el estudio para ver si había cursos de agua o zonas inundables. Ahora solo lo hacen los terrenos que ya figuran en un mapa oficial de zonas de riesgo. ¿Y si el mapa está desactualizado —que siempre lo está—? El bajo que no aparece en el plano no se estudia: se lotea igual. En una ciudad de río y crecidas como Gualeguaychú, atar el estudio a un mapa que va siempre atrás de la realidad es jugar con fuego. Ya pasó en La Plata en 2013: cayeron 392 milímetros en pocas horas, el drenaje se colapsó, hubo 89 muertos. Los estudios apuntaron a la lluvia extrema sumada a la falta de planificación”, criticó Aníbal García.
Asimismo, desde el CPICER advirtieron que la norma habilita a que la oficina municipal le exija o le perdone los requisitos de urbanización a cada proyecto, según criterios genéricos como “escala, ubicación y complejidad”. “Si la excepción depende del humor de la autoridad de turno, deja de ser una regla igual para todos y aparece el riesgo de acomodo. Que cada excepción tenga que pasar por el Concejo lo suaviza, pero no lo arregla”, señalaron.
Igualmente, la infraestructura y los servicios pasan a negociarse caso por caso mediante convenio: “Sin reglas claras y sin que esos convenios se publiquen, nadie sabe qué le exigieron a cada uno. El estándar de la ciudad queda librado al acuerdo privado de turno”.
Por otro lado, “cuando alguien lotea, parte de la tierra se la dona a la ciudad para plazas y para el banco de tierras municipal. Antes era 18% (6% de verde + 12% de banco de tierras). Ahora baja a un solo 6%, encima descontando las calles, y se borra la obligación de que sea espacio verde”.
Propuesta
En el marco de la convocatoria por parte del Concejo Deliberante, el CPICER elevó una propuesta para que sea debatida por el cuerpo: la creación de un área municipal de Riesgo Hídrico con profesionales que detecten los riesgos actuales y futuros de inundación en toda la cuenca, con énfasis en la parte superior (aguas arriba).
“Llama la atención la falta de consulta con la Dirección de Obras Sanitarias respecto de la factibilidad de mayor suministro de agua potable y colectores cloacales en zonas donde se densificaría la edificación. También la falta de la figura del director de obra en toda obra privada, que deja casi el 100 % de la responsabilidad en el dueño de la propiedad”, puntualizaron los ingenieros.
